Políticos vinculados a corrupción y narcotráfico deben ser inhabilitados por órganos electorales

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Tegucigalpa, Honduras.- La corrupción y el narcotráfico han invadido la política hondureña, ambas prácticas están inmersas en las instituciones partidarias y a pesar de los indicios que la delatan las autoridades no hacen nada al respecto.

A criterio de analistas el actual proceso electoral contará con la participación de políticos vinculados a narcotráfico, lavado de activos y corrupción.

En ese sentido, el abogado Fredín Fúnez, considera urgente la necesidad de que los nuevos órganos electorales cumplan su

papel regulador e inhabiliten o no permitan que políticos corruptos y narcotraficantes aspiren a un cargo de elección popular.

«En Honduras la justicia no toca a los poderosos, no solo se debe inhabilitar a Yani Rosenthal sino a todos los corruptos que buscan un cargo de elección popular», valoró Fúnez.

El abogado partió del ejemplo de Yani Rosenthal, precandidato presidencial liberal que estuvo preso en Estados Unidos por delitos relacionados a lavado de activos.

Rosenthal no tiene proceso penal abierto en el país, lo que indica a consideración de Fúnez que el empresario y político tiene cuentas pendientes con la justicia nacional.

Para Fredín Fúnez, Rosenthal es uno de los tantos casos de políticos vinculados con actos ilícitos, el abogado puso de ejemplo a diputados que han sido acusados de corrupción por la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH).

«Incluso la MACCIH mencionó en su momento al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, quien ahora aspira a la presidencia, de participar en actos de corrupción junto a otros diputados», cuestionó Fúnez.

Otros candidatos salpicados por la corrupción es el actual aspirante presidencial Nasry Asfura, quien es vinculado por actos de corrupción a lo interno del manejo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

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Asimismo los diputados acusados en los casos Pandora, Arca Abierta y Planeta Verde, quienes según la MACCIH usaron fondos del Poder Legislativo para hacer campañas política y no rindieron cuentas del manejo de los recursos.

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