Honduras rescinde contrato a EEH exponiéndose a una demanda de $500 millones

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Tegucigalpa.- Sin hacer ruido y a espaldas del pueblo hondureño, el gobierno de Honduras emitió un decreto ejecutivo, también conocido como PCM, en el que se rescinde el contrato a la Empresa Energía Honduras (EEH) que ya no administrará el sector energético del país, sino que ahora esta tarea será trasladada y manejada nuevamente por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), algo que le traería una demanda millonaria a un Estado de Honduras que se encuentra en condiciones precarias debido a la corrupción, pandemia y desastres ambientales.

“Se va EEH, pero el gobierno tendrá que pagar una enorme indemnización por incumplimiento de contrato, ahora no me queda duda que los socios de esa empresa son políticos y empresarios hondureños quienes saldrían beneficiados con la indemnización”, informó este lunes el diputado hondureño Jari Dixon, quien forma parte de la bancada de Libertad y Refundación (Libre).

El diputado de Libre Rafael Sarmiento, integrante de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, dijo hoy a Criterio.hn que la decisión que habría tomado el Estado de Honduras, a través de un PCM del Ejecutivo que presidente Juan Hernández, no pasó en ningún momento por el Congreso Nacional y que ni siquiera tomaron en cuenta las opiniones de la comisión técnica que él integra.

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Sarmiento dice que se pudo haberle quitado el contrato a la EEH sin tener que pagarle ni un centavo, pero que existe una intención de crear una crisis para beneficiar a terceros.

“El mismo contrato ya contiene las cláusulas de rescisión del contrato y el convenio entre EEH y el Poder Ejecutivo lo establece. Había que comenzar a darles reclamos por incumplimiento de metas; reclamar por la no reducción de pérdidas técnicas y no técnicas. Había que cobrarles multas por no llegar a las metas, y así poco a poco hasta llegar a la rescisión. Y al no hacerlo así, de esa forma, como siento que lo están haciendo, es con la intención de pagarle todo el dinero a la EEH mediante una indemnización que puede salir, en conclusión, más cara la cura que la enfermedad”.

Sarmiento agregó que lo que se viene es una demanda millonaria contra el Estado de Honduras que giraría en torno a los 500 millones de dólares.

“Eso es así. Por eso es que para rescindir ese contrato tenían que haberse dado ciertos acuerdos con esa empresa. Al final todo fue una estafa para el Estado y un negocio para la EEH, tantos años que se les ha estado pagando, más de 10 millones de dólares mensuales. Y ahora vuelven a rematar el negocio pagándoles esa enorme demanda millonaria en concepto de indemnización. Siempre al final salimos perjudicados como país”, denunció el congresista de Libre.

Honduras ha endeudado enormemente al país al suscribir empréstitos multimillonarios con bancos nacionales e internacionales, todo con el argumento de “rescatar financieramente a la Enee”, que anteriormente fue de las empresas más rentables del país, porque ni siquiera tenía competencia. No obstante, el diputado Sarmiento cree que la Enee sigue siendo uno de los monopolios del Estado al que intencionadamente han dejado caer en bancarrota por la politización que hay a lo interno de esa institución.

“El tema energético es uno de los que les causa un hoyo total a las finanzas del país y, bueno, este tema había que tocarlo con cierta inteligencia para que no se viera una desenfrenada demanda millonaria contra el Estado. Eso viene a poner más en precario el tema energético en el país”, manifiesta.

Por su parte Doris Gutiérrez, diputada del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), explicó que la eliminación del contrato implicaría que ya se están dando algunos pagos para romper el contrato con la EEH. Por lo tanto, adelantó que el Estado indemnizará a EEH por incumplimiento de contrato y esto genera que posiblemente hasta se toque fondos de otras áreas, lo que ya ha despertado la preocupación en empleados públicos que temen que el Estado de Honduras eche mano de los fondos de previsión.

Ante lo anterior, Sarmiento explica que “bajo ningún pretexto podrían tocarse fondos de previsión. El Estado no tiene por qué estar disponiendo fondos de previsión de ninguno de los institutos porque son jubilaciones, son derechos. Como bancada de Libre nos opondremos a utilizar fondos de los institutos de previsión como lo hicieron para la construcción del Centro Cívico Gubernamental u otros asuntos del Estado. Esos fondos son para garantizar las jubilaciones de los empleados públicos”, concluyó Sarmiento.

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