Tegucigalpa – Estados Unidos designó hoy a seis diputados hondureños como funcionarios presuntamente corruptos o con vínculos con el narcotráfico  en cumplimiento a una legislación que obliga a los departamentos de Estado y del Tesoro a elaborar dichas listas y presentarlas al Congreso de su país.

Los hondureños designados son los diputados Juan Carlos Valenzuela, Welsy Vásquez López, Milton Puerto Oseguera, Gustavo Alberto Pérez, Oscar Nájera y Gladys Aurora López.

Los diputados Valenzuela, Vásquez López, Puerto Oseguera, Pérez y López son acusados por malversación de 800 mil dólares en el caso llamado Arca Abierta por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), de acuerdo al reporte.

En el caso de Nájera lo incluyen en la lista por “presuntos vínculos con la Organización de los Cachiros”, transportistas de drogas y que se entregaron a la agencia antidrogas estadounidense DEA.

El reporte fue preparado por el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento del Tesoro, y fue enviado a los Comités de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes y del Senado, así como a los comités de Asignaciones y los subcomités de Apropiaciones del Estado, Operaciones Extranjeras y Afines.

Según el Departamento de Estado, con los requisitos de la sección 7019 el informe identifica a personas de Honduras, Guatemala y El Salvador como funcionarios de gobierno que “se sabe que han cometido o facilitado actos de gran corrupción o tráfico de estupefacientes, funcionarios electos que se sabe que recibieron fondos de campaña que son producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas».

Igualmente el Departamento de Estado debe elaborar una lista de individuos conocidos de “haber facilitado el financiamiento de campañas políticas en cualquiera de los países del Triángulo Norte con el producto del narcotráfico u otras actividades en los últimos dos años”.

El informe a los legisladores estadounidenses del Departamento de Estado señala que se “sigue examinando denuncias de corrupción” y se compromete a utilizar toda la autoridad aplicable para “garantizar que a los funcionarios corruptos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos”.

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