BID avala corrupción de JOH e Investh al autorizar jugosos sueldos a interventores para ocultar corrupción de Bográn

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Los tres interventores de Inversión Estratégica de Honduras (Investh) José Leva, José Benítez y José Boquín ganan un espectacular sueldo para ocultar actos de corrupción cometidos durante la gestión de Marco Bográn y encubiertos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) según un documento colocado en el portal de transparencia del organismo estatal.

La planilla de empleados de Investh, actualizada hasta septiembre anterior, se constata que tanto Leva, Benítez y Boquín devengan un sueldo mensual de 207 mil 944 lempiras con 85 centavos, por lo que llegan a recibir alrededor de 623 mil 834 lempiras con 55 centavos.

No obstante, a los tres interventores se les realizan deducciones, lo que se traduce en un sueldo neto de 167 mil 892 lempiras y cada 30 días se les entrega por su trabajo 503 mil 677; a pesar de esa rebaja por impuestos, termina siendo muy oneroso para las finanzas públicas; en cambio, el exdirector Marco Bográn tenía una asignación de 232 mil 505 lempiras, de acuerdo a los hallazgos que realizaron en su momento Radio Globo ConfidencialHN.

En consecuencia, hubo un aumento de un 268.31 por ciento en el sueldo asignado a los tres comisionados, en comparación a lo que recibía Bográn y cuyas funciones no han sido para esclarecer la pútrica corrupción que se generó en torno a la compra de los hospitales móviles, ventiladores mecánicos incompletos, insumos biomédicos sin las mínimas garantías de seguridad, entre otras irregularidades.

EL BID AVALA CORRUPCIÓN EN INVESTH. Un documento que tienen en sus manos ambos medios confirman que los fondos asignados para el pago a estos funcionarios provienen de un préstamo efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que está destinado al mantenimiento de la red vial.

Al respecto, el contrato de consultoría individual que firmaron Leva, Benítez y Boquín reza que Investh «ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para sufragar el precio de los Servicios Profesionales, que se llevarán a cabo como parte del Préstamo No. 2470/BL-HO-2 y/o Contrato Modificatorio del Contrato 2470/BL-HO Programa de Integración Vial Regional«.

Este documento fue eliminado de los servidores de Investh a fin de mantener en bajo perfil cuanto ganan los tres empleados, sin embargo, pudo ser rescatado ya que compromete de manera directa al organismo financiero internacional, cuyo

Investh, expresa el escrito, «se propone utilizar parte de los fondos de este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este Contrato, quedando entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a pedido del contratante y previa aprobación por el Banco (si aplica), (ii) dichos pagos estarán sujetos en todos sus aspectos, a los términos y condiciones del Contrato de Préstamo y (iii) nadie más que el contratante podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún derecho a reclamar fondos del financiamiento».

En consecuencia, Bulnes (con identidad 0801-1961-05171), Boquín (0801-1992-09031) y Benítez (0601-1974-00912), en realidad son consultores individuales que fueron enchambados por Juan Orlando Hernández, usando los fondos del BID que debían ser destinados al mantenimiento de la red vial primaria y secundaria, para dar resultados sobre los actos de corrupción que sacuden a esa oficina pública y que hasta la fecha nadie sabe cuál ha sido el papel de los tres cuadros de confianza del ocupante del palacio José Cecilio del Valle.

Al revisar los contratos de consultoría, se evidencian algunas obligaciones que fueron pasadas por alto por el mismo Hernández -quien se declara afín a la cultura de la transparencia- para colocar a estas personas al frente de Investh, entre ellas, los concursos a los que deberían someterse aquellos que buscan ofrecer servicios profesionales al organismo financiero internacional. El apartado precisa claramente la definición de «concurso» que » es el proceso que tiene por objeto seleccionar y contratar al profesional».

En la documentación exclusiva que tiene en su poder ambos medios no aparecen los términos de referencia, mucho menos que los interventores hayan concursado para acceder a esa plaza en la administración pública. Tampoco hay documentos precontractuales o las bases que «contemplan las disposiciones para el proceso de selección del profesional y para la negociación del Contrato».

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